Verdad, Justicia y Reparación INTEGRAL:

Bogotá, junio 25 de 2009

Hemos llegado hasta aquí para reafirmar que las mujeres no renunciaremos a nuestra verdad, a esa que conoce y comprende los hechos que nos volvieron víctimas, a esa verdad que devela los crímenes cometidos contra nosotras en la guerra y en la paz, en los espacios públicos y privados. No renunciaremos a la verdad que muestra la utilización de nuestros cuerpos como botín de los guerreros. Nuestra verdad hace visible el daño irreparable que han tenido estos crímenes en nosotras y en el conjunto de la sociedad.

Hoy las mujeres venimos a ratificar que no renunciamos a la justicia. Una Justicia para nosotras está ligada a que se nos garantice la libertad y la autonomía, el reconocimiento y la distribución. Hoy demandamos que la sociedad y la justicia no normalicen las violencias que se ejercen contra nosotras, demandamos salir de la impunidad permanente y reafirmamos nuestra voluntad de no dejar impunes los crímenes, de pronunciarnos contra la guerra y la barbarie, de movilizarnos para que el miedo y la impotencia no nos paralicen.

Para las mujeres la reparación tiene como fundamento el establecimiento de la verdad, así como el reconocimiento de los crímenes que históricamente el patriarcado ha ejercido sobre nuestros cuerpos. En el marco del conflicto armado, además de la verdad, la sanción a los perpetradores y la obligación de preservar la Memoria Histórica, la reparación debe incluir la restitución de derechos históricamente negados y que nos reconozcan como ciudadanas sujetas plenas de derechos.

Las mujeres estamos convencidas que no hay futuro posible sin memoria y no habrá paz sin memoria. Sin memoria los crímenes olvidados amenazan siempre con repetirse. La obligación de recordar hace que nos reconozcamos, que sepamos que si una mujer es víctima, todas somos víctimas potenciales.

A cuatro años de la implementación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/2005) que sirvió de marco jurídico para el proceso de negociación, desarme, desmovilización y reinserción de los paramilitares en Colombia, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Corporación Vamos Mujer, la Casa de la Mujer y Funsarep, señalan que:

 Los derechos de las mujeres víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral continúan siendo una deuda pendiente del Estado Colombiano en cumplimiento de su deber constitucional y los tratados internacionales que ha suscrito.

 Las violencias perpetradas contra las mujeres producto de las relaciones de subordinación y opresión no es un problema reciente, sino una victimización y discriminación histórica contra éstas, que se inserta en la existencia misma del patriarcado, y las pone en situación de mayor vulnerabilidad en una sociedad en guerra.

 Las violencias contra las mujeres en el contexto del conflicto por parte de los actores armados estatales e ilegales, se suman a las historias de violencias sufridas por ellas en el ámbito privado. Esto hace visible el continuum de violencia que nos lleva a afirmar que el cuerpo de las mujeres es el lugar del ejercicio del poder del patriarcado.

Ante dicha realidad, los caminos en la búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia y la reparación en un contexto social y político que no reconoce a las mujeres como víctimas históricas y sujetas de derechos, han estado llenos de obstáculos y dificultades:

 El reconocimiento de las mujeres como víctimas no nos está dado en el contexto de un sistema jurídico y social construido desde una visión patriarcal.

 La impunidad sistemática permite la repetición crónica de los hechos y expone a las víctimas a una indefensión total.

 La violencia contra las mujeres no es un asunto prioritario del sistema de justicia.

 La ley de Justicia y Paz, privilegia sólo la verdad judicial y la voz de los victimarios. El Esclarecimiento Histórico con la verdad de las mujeres víctimas no es un asunto prioritario.

 La extradición de los comandantes paramilitares limita aún más los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para las mujeres.

 La reparación reducida a la indemnización económica es para muchas víctimas sobrevivientes, una ofensa contra la dignidad de las víctimas ausentes y de sí mismas.

Las mujeres aquí presentes vindicamos y exigimos:

 Al Estado colombiano el cumplimiento de la debida diligencia. Compromiso que ha adquirido como Estado parte y firmante de tratados internacionales como la Convención de eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres (Convención Belem Do Pará), la Convención para la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres (CEDAW) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

 La formulación de una política pública de reparación integral, para las mujeres víctimas, en la cual se incluya atención psicosocial y jurídica como un deber de obligatorio cumplimiento por parte del Estado y los gobiernos departamentales y locales.

 El reconocimiento de las mujeres como sujetas del derecho a la propiedad de la Tierra y la vivienda, mecanismos de restitución y redistribución de tierras que las incluya; así como de reformas urbanas que hagan posible la ciudad para las mujeres en situación de desplazamiento, y sus familias, que no pueden retornar a sus tierras.

 La inclusión en los presupuestos públicos locales y departamentales de rubros específicos dirigidos al cumplimiento de las órdenes contenidas en el Auto 092 de 2008.

 Construcción de sistemas de información idóneos que permitan dar cuenta de la magnitud, gravedad y especificidad de las violencias contra las mujeres, para la aplicación de la justicia y el diseño de políticas públicas acordes a la realidad.

 Que la Defensoría Pública apropie recursos para la asistencia jurídica a las mujeres víctimas, para que no esté en manos de defensores de oficio, sino en Defensores y Defensoras Públicos que tengan el entrenamiento requerido para ésta.

 Que la Fiscalía General de la Nación, particularmente de la Unidad de Justicia y Paz, investigar los delitos contra las mujeres, indagar en las versiones libres, explícitamente por la violación de los sus derechos; que los interrogantes de las mujeres víctimas sean incluidas en el acervo probatorio, y se impida la revictimización de las mismas por parte de los operadores de justicia.

 Demandamos de la CNRR, el seguimiento al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de verdad justicia y reparación, y las demandas aquí presentadas por las mujeres.

 Instamos al Estado, los medios de comunicación y la sociedad en general a reconocer, visibilizar y apoyar decididamente a las mujeres víctimas sobrevivientes en la reconstrucción de sus proyectos de vida. Ellas no puede ser estigmatizadas y tratadas como mendigas, sino como Sujetas con Dignidad.

 Exigimos a los Medios de Comunicación un tratamiento respetuoso de las Mujeres, la eliminación de los estereotipos de género que culpabilizan y responsabilizan a las mujeres de las violencias acaecidas contra ellas; el reconocimiento de nuestro papel como actoras políticas en la construcción de paz y las historias de resistencias de las mujeres en el país.

Finalmente, a la comunidad internacional y al Movimiento de Víctimas los convocamos a no desfallecer en sus esfuerzos para contribuir en el esclarecimiento de la verdad y la memoria histórica, y visibilizar los crímenes cometidos contra las mujeres.

Las mujeres víctimas de desaparición forzada no renunciaremos al derecho a encontrarlos, nos negamos a aceptar la “muerte presunta” de nuestros seres queridos para obtener la Reparación.

Como Movimiento Feminista y como Mujeres no renunciaremos a nuestros derechos de Verdad, Justicia y Reparación Integral y a nuestro ejercicio ciudadano de control político a las acciones del Estado en materia de garantizarle a las mujeres estos derechos.